SUMA INJURIA
SUMA INJURIA
Walter Antillon
El poder de nombrar a los magistrados de la Corte que la Constitución confiere a la Asamblea Legislativa debe ser ejercido por ésta para proclamar, reafirmar, garantizar, consolidar los altos valores que la misma Constitución consagra y tutela. Se pone o se quita a un magistrado para reafirmar la justicia, la democracia, la independencia y dignidad de los jueces; para asegurar la vigencia de los derechos humanos.
No se pone o quita a los magistrados de la Corte para sancionar a ésta por sus actuaciones, para “ponerla en su lugar” o darle una lección. Cuando ello procede, se castiga al jerárquicamente subordinado. Pero ¿consagra la Constitución un vínculo de subordinación de la Corte con respecto a la Asamblea Legislativa? El artículo 9 dispone lo contrario:
Dispone que el gobierno de la República “...Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos E INDEPENDIENTES ENTRE SÍ...”
¿Establece la Carta un orden cualitativo entre los poderes, de modo que uno de ellos sea el primero, y los otros sean segundo y tercero? No existe ninguna regla constitucional que establezca semejante tontería. Entonces ¿qué sentido tiene la pretendida reivindicación de la Asamblea, de la que habla un ocurrente diputado?
En cambio es importante saber que, si por precepto constitucional son independientes; si jurídicamente no existe subordinación del Poder Judicial, tratar a la Corte como un órgano inferior, al cual se le pretende infligir correctivos y dar lecciones (¿lecciones de moral de parte de la Fracción Verdiblanca, o de parte de la cúpula del Partido en el poder?) con ocasión de decidir sobre la reelección de un magistrado, es un acto deliberado de ruptura del equilibrio constitucional, utilizando para ello el ignominioso y desacreditado expediente de la desviación de poder.
Desde hace muchos años algunos hemos venido señalando la recurrente debilidad institucional de nuestras Constituciones, que ha consistido en poner en manos de un órgano eminentemente político, hoy degradado al plano de la politiquería por obra de las cúpulas partidarias, la augusta función de nombrar a los integrantes de las supremas magistraturas del Poder Judicial. Hoy nos llegó el momento de comprobar dolorosamente cómo ha sido aprovechada aquella debilidad institucional, para eliminar con pretextos inverosímiles a un juez valiente, insobornable, integérrimo, que honraba con su presencia la Justicia costarricense. Sus virtudes eran sus faltas, en opinión de ese mundillo de logreros que ha crecido medrando a la sombra ominosa de las transnacionales.
La decisión de la mayoría legislativa se destaca a plena luz como un inicuo y grosero atentado a la independencia judicial; y como un ajuste de cuentas contra la verticaliad y la serena firmeza de un juez, en obsequioso homenaje a intereses que todos adivinamos.
Exhorto a los magistrados, jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial, a los abogados, a los profesores y estudiantes de Derecho, a los Colegios Profesionales, a las Universidades y a toda la gente de buena voluntad y recta conciencia, a que rechacemos públicamente este engendro de la malicia; a que lo impugnemos por todos los medios que nos ofrecen la Justicia y el Derecho; a que iniciemos la batalla por una reforma que impida de una vez para siempre la nefasta influencia de polítiqueros y oligarcas sobre nuestro Poder Judicial.
Naranjo, noviembre de 2012.