ATAQUES A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. LA VÍCTIMA ES LA CIUDADANÍA
Ataques a la Independencia Judicial. La Víctima es la Ciudadanía
Raymond Porter Aguilar
Juez asociado a la ACOJUD
En estos momentos aciagos para nuestra democracia, se ha dicho que la no relección de un ejemplar jurista como el Dr. Fernando Cruz en la magistratura es un menoscabo a la Independencia Judicial. Debe precisarse el porqué de tal aseveración, pues la ciudadanía debe advertir el grave daño que la institucionalidad del país ha sufrido. La Independencia e Imparcialidad Judicial aparte de ser características que definen la figura de quien ha de juzgar, en el Estado de Derecho son garantías al servicio y protección de todos los ciudadanos, al acudir ante los tribunales a dirimir nuestros conflictos esperamos que la persona encargada de resolverlos lo haga únicamente conforme a la ley y la prueba, nunca bajo el temor de perder su empleo a causa del poder de nuestro contendor. Quien juzga debe estar a resguardo de represalias de quienes ostentan poder formal o fáctico y no les ha agradado o convenido lo resuelto.
En resguardo de la Independencia Judicial el constituyente de 1949, estableció en el artículo 158 un procedimiento de elección de magistrados que aseguraba sobre todo, la estabilidad en el puesto por medio de relección automática, salvo votación negativa de dos terceras partes de los miembros del congreso antes del vencimiento del nombramiento. Este sistema aseguró independencia de criterio a los magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional frente a las exigencias e intereses de otros poderes del Estado. El espíritu del constituyente que nos convertía en ejemplo en la región ha sido pisoteado, pues la destitución de un gran Juez se basó en un ataque a la Independencia Judicial haciendo un “llamado de atención al Poder Judicial” para recordar la supremacía del Poder Legislativo sobre el Judicial, leyéndose entre líneas: “o resuelven de la forma en que nosotros queremos o se quedan sin trabajo”. El gran jurista Walter Antillón nos recordaba recién que no existe la pretendida sumisión del Poder Judicial al Legislativo, ello no lo establece la Constitución Política por lo que este argumento deviene en una ocurrencia o quizás en una justificante manifiesta de motivaciones latentes que aún no conocemos, lo que sería aún peor. Más sospechas ha despertado en la ciudadanía el constante cambio de argumentos que han proferido los diputados sobre las razones de su decisión una vez que se ha hecho sentir la molestia colectiva, lo cual hace pensar que los verdaderos motivos siguen ocultos y se busca, ex post, justificar lo decidido con argumentos que resulten menos impresentables que los esbozados por el jefe de fracción del partido gobernante, y cómo si fuera poco ahora dicen que no deben dar ninguna explicación o fundamento a su voto, como si los diputados no fueran funcionarios públicos simples depositarios momentáneos de la autoridad que deben rendir cuentas. Otro aspecto que reafirma la vocación ilegítima y espuria del legislativo, es que no se tomara en cuenta ni la trayectoria ni el desempeño como magistrado del Dr. Cruz, cuando el artículo 158 de nuestra Carta Magna expresamente establece como criterio de relección una valoración del desempeño con eficiencia en las funciones del cargo, norma que no fue acatada por los diputados, pues sin ningún disimulo el mismo interlocutor y autoproclamado artífice del conceso legislativo sea el diputado Fabio Molina expresamente indicó que esos temas no se tomaron en cuenta. En el caso del Dr. Cruz, existe una sobre calificación para el puesto, pues se ha conducido por cerca de 40 años con intachable rectitud en su carrera judicial, con imparcialidad, independencia y honestidad reconocida a nivel nacional e internacional. Será posible que este país se dé el lujo de prescindir de servidores públicos honestos echando mano a argumentos insostenibles; será que para ostentar un cargo en la función pública ya no es relevante ser honrado y decente como de sobra lo es el Dr. Cruz. Quienes tenemos el honor de conocer al maestro, al jurista y al hombre de bien que es Don Fernando, esto no es mas que una tragedia para la democracia, sin embargo debe saberse que en el Poder Judicial costarricense abundan servidores judiciales cuyo referente ético y profesional es el impertérrito Fernando Cruz Castro.