MECANISMOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO EN MATERIA PENAL

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

MECANISMOS ELECTRÓNICOS

DE SEGUIMIENTO EN MATERIA PENAL

ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es regular el uso de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, sea bajo la modalidad de localización permanente de las personas sujetas a una medida cautelar o para el control de personas sentenciadas en los casos regulados por ley.  El juez penal o el de ejecución de la pena, según corresponda, determinará el ámbito de movilización de la persona que usará el mecanismo.

 

ARTÍCULO 2.- Condiciones de aplicación

La aplicación de medios electrónicos autorizada en la presente ley se hará con el consentimiento expreso de la persona a la que se le aplique la medida.  Al aplicar la medida, el juez deberá explicar de manera clara a la persona indiciada o privada de libertad, según sea el caso, los elementos generales de cómo funciona el mecanismo electrónico, cuáles son las condiciones de su uso y cuáles serían las consecuencias de su violación.  La duración del seguimiento en las medidas cautelares se regirá conforme a la legislación vigente.

El mecanismo electrónico deberá ser de características que no permitan la estigmatización, y es obligación de la persona sometida a ese control no alterar, no dañar, ni desprenderse de este, reportar cualquier falla o alteración involuntaria, y acatar las condiciones impuestas.  En caso de incumplimiento injustificado de lo anteriormente dispuesto, el juez competente podrá revocar inmediatamente esta modalidad de cumplimiento y ordenar el ingreso a prisión.  Para tal efecto, un día bajo localización permanente con dispositivo electrónico equivale a un día de prisión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55 de la Ley N.° 4573,  Código Penal, de 4 de mayo de 1970.

ARTÍCULO 3.- Supervisión y seguimiento

La supervisión y el seguimiento del cumplimiento de esta medida estará a cargo de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, la cual deberá informar inmediatamente de algún incumplimiento a la autoridad judicial o administrativa correspondiente.

Todos los cuerpos de policía están en la obligación de colaborar en caso de alerta por incumplimiento de la medida por parte de la persona usuaria del mecanismo.

ARTÍCULO 4.- Reforma del artículo 66 del Código Penal

Se reforma el artículo 66 de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.  El texto dirá:

“Condiciones

Artículo 66.-

El juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer al condenado las condiciones que determine, de acuerdo con el informe que al respecto vierta el Instituto Nacional de Criminología; estas podrán ser variadas en cualquier momento, si así lo solicita dicho Instituto.

Asimismo, el juez, por solicitud de la persona condenada, de la defensa o del Ministerio Público, podrá ordenar entre las condiciones la localización permanente con mecanismo electrónico.”

ARTÍCULO 5.-Adición del inciso j) al artículo 244 del Código Procesal Penal

Se adiciona el inciso j) al artículo 244 de la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996.  El texto dirá:

“Artículo 244.- Otras medidas cautelares

[…]

j)      La imposición de la medida de localización permanente con mecanismo electrónico.  Para tal efecto, un día bajo localización permanente con dispositivo electrónico equivale a un día de prisión preventiva.

[…].”

ARTÍCULO 6.- Reforma del artículo 245 del Código Procesal Penal

Se reforma el artículo 245 de la Ley N.° 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996.  El texto dirá:

“Artículo 245.- Imposición de las medidas

El tribunal podrá imponer una sola de las alternativas previstas en el artículo anterior o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

El juez podrá acordar que el control de cumplimiento de las medidas aplicadas a las personas se realice por medio de aquellos medios electrónicos que lo permitan.

En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad ni se impondrán otras cuyo cumplimiento es imposible.”

ARTÍCULO 7.-Reforma del artículo 7 de la Ley N.° 8589

Se reforma el artículo 7 de la Ley N.° 8589, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007.  El texto dirá:

“Artículo 7.- Protección a las víctimas durante el proceso

Para proteger a las víctimas podrá solicitarse, desde el inicio de la investigación judicial, las medidas de protección contempladas en la Ley N° 7586, Ley contra la Violencia Doméstica, de 10 de abril de 1996, así como las medidas cautelares necesarias previstas en la Ley Nº 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996.

Asimismo, el juez podrá ordenar a la persona imputada el uso del dispositivo electrónico sin perjuicio de enlazar con la víctima, a fin de garantizar su protección.”

ARTÍCULO 8.-Adición del inciso 4) al artículo 50 del Código Penal

Se adiciona el inciso 4) al artículo 50 de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.  El texto dirá:

“Clases de penas

Artículo 50.-

[…]

4)      Arresto domiciliario con monitoreo electrónico.”

ARTÍCULO 9.-  Adición del artículo 57 bis al Código Penal

Se adiciona el artículo 57 bis a la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. El texto dirá:

“Arresto domiciliario con monitoreo electrónico

Artículo 57 bis.-

El arresto domiciliario con monitoreo electrónico es una sanción penal en sustitución de la prisión y tendrá la finalidad de promover la reinserción social de la persona sentenciada con base en las condiciones personales y sociales reguladas para la fijación de la pena.  Para facilitar la reinserción social de la persona sentenciada, las autoridades de ejecución de la pena promoverán la educación virtual a distancia mediante el uso del Internet.

Al dictar sentencia, el juez tendrá la facultad de aplicarla, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1)          Que la pena impuesta no supere los seis años de prisión.

2)          Que no sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, según el artículo 2 de la Ley           N.° 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009, ni delitos sexuales contra menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego.

3)          Que se trate de un delincuente primario.

4)          Que de acuerdo con las circunstancias personales del condenado se desprenda razonablemente que no constituya un peligro y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

En este caso, a las veinticuatro horas de la firmeza de la sentencia la persona condenada deberá presentarse a la oficina que al efecto defina la Dirección General de Adaptación Social, la que valorará su caso y determinará su ubicación dentro del programa, sus obligaciones, su control y atención técnica de cumplimiento.

El juez competente podrá autorizar salidas restringidas por razones laborales, salud, educación u obligaciones familiares, previo informe rendido por el Instituto Nacional de Criminología.  Es obligación de la persona condenada no alterar, no dañar, ni desprenderse del dispositivo, reportar cualquier falla o alteración involuntaria y acatar las condiciones impuestas.  En caso de incumplimiento de lo anteriormente dispuesto, el juez competente podrá variar o revocar esta modalidad de cumplimiento de la pena y ordenar el ingreso a prisión.”

ARTÍCULO 10.- Adición del artículo 486 bis al Código Procesal Penal

Se adiciona el artículo 486 bis a la Ley N.° 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996.  El texto dirá:

“Artículo 486 bis.- Sustitución de la prisión durante la ejecución de la pena por arresto domiciliario con monitoreo electrónico

El juez de ejecución de la pena podrá ordenar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante la ejecución de la pena, como sustitutivo de la prisión, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1)    Cuando la mujer condenada se encuentre en estado avanzado de embarazo al momento del ingreso a prisión, sea madre jefa de hogar de hijo o hija menor de edad hasta de doce años, o que el hijo  o familiar sufra algún tipo de discapacidad o enfermedad grave debidamente probada.  Podrá ordenarse también este sustitutivo siempre que haya estado bajo su cuidado  y se acredite que no existe otra persona que pueda ocuparse del cuidado. En ausencia de ella, el padre que haya asumido esta responsabilidad tendrá el mismo beneficio.

2)    Cuando la persona condenada sea mayor de sesenta y cinco años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito justifiquen la sustitución de la prisión.

3)    Cuando a la persona condenada  le sobrevenga alguna enfermedad física, adictiva o siquiátrica cuyo tratamiento, aun cuando sea posible seguirlo en la prisión, resulte pertinente hacerlo fuera para asegurar la recuperación,  previo los informes médicos  y técnicos necesarios que justifiquen el arresto domiciliario.

4)    Cuando a la persona condenada  le sobrevengan situaciones en la ejecución de la pena que ameriten el resguardo del principio de humanidad, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito justifiquen la sustitución de la prisión.

El juez podrá ordenar las condiciones que aseguren el cumplimiento de la pena ordenando su ubicación en el programa que defina el Ministerio de Justicia y Paz, a fin de asegurar el cumplimiento del plan de ejecución y atención técnica, y obligaciones de cumplimiento.  Asimismo, podrá otorgar los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto u obligaciones adquiridas en relación con el cuidado de los hijos menores a su cargo o personas con discapacidad o dependientes, asegurándose el monitoreo permanente.  Estas reglas serán aplicables a la prisión preventiva en relación con la autoridad judicial que conozca del proceso.  En caso de incumplimiento injustificado o comisión de nuevo delito doloso se comunicará al juez competente, quien podrá modificar o revocar este beneficio y ordenar el ingreso a prisión.”

ARTÍCULO 11.-Evaluación por parte del Instituto Nacional de Criminología

El Instituto Nacional de Criminología deberá evaluar, anualmente, la aplicación de este mecanismo y remitirá al Ministerio de Justicia y Paz las recomendaciones que estime pertinentes.

ARTÍCULO 12.- Partidas presupuestarias

El Ministerio de Justicia y Paz deberá incluir, dentro de su presupuesto anual, las partidas presupuestarias necesarias para la sostenibilidad de este mecanismo.

TRANSITORIO ÚNICO.-

Durante el primer año desde la aprobación de esta ley, se aplicará la modalidad de localización permanente con dispositivo electrónico únicamente como medida cautelar, salvo que el Ministerio de Justicia y Paz cuente con la infraestructura para desarrollarla en otras áreas.

Rige a partir de su publicación.

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA TERCERA.- Aprobado el diecisiete de setiembre de dos mil catorce.

     Víctor Hugo Morales Zapata        Carmen Quesada Santamaría

                  PRESIDENTE                                 SECRETARIA

ASAMBLEA LEGISLATIVA.-  A los veinticinco días del mes de setiembre de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Henry Manuel Mora Jiménez

PRESIDENTE

        Luis Alberto Vásquez Castro         Jorge Rodríguez Araya

          PRIMER  SECRETARIO       SEGUNDO SECRETARIO

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los treinta días del mes de setiembre del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—La Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría.—1 vez.—O.C. N° 21658.—Solicitud Nº 3935.—C-128810.—(L9271-IN2014073016).