OBLIGACIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE LA RATIFICACIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES

OBLIGACIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE LA RATIFICACIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Mario Peña Chacón[1]

A través de la suscripción y ratificación de acuerdos de libre comercio y promoción de inversiones, Costa Rica ha reconocido la importancia de contribuir globalmente con la protección del ambiente y consecuentemente, ha reafirmado sus compromisos y obligaciones establecidos en los acuerdos ambientales multilaterales de los que es Parte, confirmando su compromiso de implementar efectivamente su legislación ambiental y en la práctica, los acuerdos medioambientales multilaterales.

Tanto el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Canadá (Acuerdo Paralelo al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá); Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR); Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur;  Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AACUE) y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, contemplan disposiciones específicas respecto a su relación con acuerdos ambientales multilaterales, incluyendo los tres Convenios de Río 92: Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación 

En caso de conflictos o incompatibilidades entre acuerdos comerciales y acuerdos ambientales multilaterales, los primeros no deberían afectar las obligaciones derivadas de cualquier tratado, convención, o acuerdo regional o global relacionado con la protección ambiental.

Dentro de las principales obligaciones ambientales adquiridas por Costa Rica a través de la suscripción de acuerdos comerciales de libre comercio y promoción de la inversión extranjera se encuentran: a) buscar altos niveles de protección ambiental;  b) aplicación efectiva, sostenida y recurrente de la legislación ambiental (incluyendo los acuerdos ambientales multilaterales);  c) no dejar sin efecto o derogar, ni ofrecer dejar sin efecto o derogar dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación, como una forma de incentivar el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.

Tomando en cuenta lo expuesto por la propia Sala Constitucional (Voto 2007-9469), el artículo 50 de la Constitución Política posee un rango superior a cualquier disposición de un tratado de libre comercio y por ello, debe ser tomado en cuenta para efectos de su interpretación y aplicación, buscando siempre satisfacer de la mejor forma el interés público ambiental.