OBSERVACIONES INICIALES AL VOTO 811-2016 SOBRE LA LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL

OBSERVACIONES INICIALES AL VOTO 811-2016 SOBRE LA LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL

Mario Peña Chacón[1]

En marzo del 2014 la Asamblea Legislativa promulgó la Ley número 9221 denominada “Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial”, la cual, tal y como su nombre lo indica, tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la declaratoria de zonas urbanas litorales y el régimen de uso y aprovechamiento de las áreas comprendidas en ellas, sin desafectar las áreas de naturaleza demanial incorporadas a las zonas urbanas litorales.

A poco menos de dos meses de su promulgación, el artículo 8 de la citada norma fue impugnada de inconstitucionalidad por violentar el principio constitucional de intangibilidad de la zona pública de la zona marítimo terrestre, desarrollado por la propia Sala Constitucional entre otros, en los votos: 2013-8596, 2013-10158, al crear un régimen especial que, bajo excepcionales circunstancias, permite concesionar la zona pública de la zona marítimo terrestre.

La acción de inconstitucionalidad fue declarada sin lugar a través del voto constitucional 2016-811 del 20 de enero de 2016, sin embargo, fue hasta el mes de diciembre del 2017 que la redacción completa de la sentencia fue de acceso público.  De forma preliminar, es posible destacar una serie de aspectos relevantes del citado voto que a continuación procedo a exponer:

• Reconoce el estatus del estado costarricense como Estado Social de Derecho, aunque ello no se diga de forma expresa en la Constitución Política, lo anterior derivado de los artículos 50 y 74 constitucionales.  
• Reconoce que, en ciertos casos calificados, el derecho ambiental no es suficiente para dar solución integral a ciertos problemas de índole socio-ambiental, descartando con ello lo que denomina “tesis absolutistas”. Al respecto es posible citar el informe país del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, del año 2013, el cual fue enfático en señalarle al estado costarricense que la conservación ambiental no debería imponer un costo indebido a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental, ya que el derecho a un ambiente sano no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales.
• Aplica de forma conjunta, sinérgica y armónica el derecho al ambiente sano y equilibrado con otros derechos económicos, sociales y culturales, específicamente con el derecho a una vivienda digna y el derecho a un medio de subsistencia digno que le garantice a la persona el satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. No debe perderse de vista que a partir de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso “Lagos del Campo vs Perú”, el derecho al ambiente es considerado parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA).
• A través del enfoque de derechos humanos, la sentencia tutela los derechos de poblaciones costeras en estado de vulnerabilidad social, dada su condición de pobreza, reconociendo a la vez, su derecho al acceso a servicios públicos básicos derivado del derecho vivienda digna.
• Identifica la relación simbiótica entre el derecho ambiental y el derecho urbanístico y la relevancia constitucional de los planes reguladores de ordenamiento territorial como instrumentos jurídicos, técnicos y científicos de proyección de derechos humanos que garantizan un desarrollo social, económico, cultural y procuran la salubridad física y mental para la población.
• Otorga un bueno constitucional al régimen jurídico especial y excepcionalísimo creado por la norma cuestionada, que a criterio de la Sala: protege al ambiente, garantiza a la población el acceso irrestricto a la zona pública, permite a los pobladores el disfrute de sus derechos fundamentales y que, a la vez, por sí mismo, no genera derecho subjetivo alguno.
• A través de la interpretación del Derecho a la vivienda digna, la Sala Constitucional blinda la norma para evitar futuros desarrollos inmobiliarios y hoteleros en la zona pública de la zona marítimo terrestre, quedando limitada únicamente a su actual uso habitacional o de servicios, de acuerdo al respectivo plan regulador.
• Para la Sala Constitucional, los requisitos previos de: a) plan regulador aprobado con variable ambiental, b) certificación de PNE y c) Evaluación Ambiental Estratégica, garantizan la sostenibilidad ambiental de la zona pública de la zona marítimo terrestre susceptible de ser concesionada.
• Reconoce que la Ley es un remedio a situaciones sociales del pasado y presente, pero que no se ocupa de la planificación a futuro del área pública, siendo clara en determinar que el statu quo existente no puede ser ampliado, preservándose, la zona pública en las condiciones actuales y garantizándose, el acceso a la costa y el disfrute a las playas de las actuales y futuras generaciones.

Como conclusión es posible afirmar que la Sala Constitucional, a través de la citada sentencia, aplicó el enfoque integral de los derechos humanos ambientales, confirmando la tesis que he venido sosteniendo en los últimos años de que el futuro del derecho ambiental es en conjunto con el resto de los derechos humanos, con los que debe coexistir y convivir en justo equilibrio y armonía.