LA PERMANENTE CRISIS DEL SISTEMA CARCELARIO. ¿HASTA CUÁNDO?

La permanente crisis del sistema carcelario. ¿Hasta cuándo?

Cecilia Sánchez R.

Ex ministra de Justicia y Paz

La sobrepoblación y el hacinamiento carcelario en América Latina se han convertido en una realidad asumida, ocultando así su carácter verdaderamente problemático. Sin embargo, es fundamental seguir abordando este tema hasta encontrar soluciones eficaces si queremos que el respeto a la dignidad humana sea valorado en nuestros sistemas democráticos, los cuales se han visto seriamente degradados debido a la falta de atención o enfoques inadecuados.

Un reciente artículo publicado por Guadalupe Galván en el periódico La Nación el 31 de julio, proveniente de El Universal de México, ofrece un panorama que bien podría reflejar la situación en nuestras sociedades durante las últimas dos décadas. Las condiciones precarias de reclusión, la falta de atención a aspectos esenciales del desarrollo humano y la violencia cotidiana son características comunes en nuestras prisiones.

Pues bien, datos no faltan, voluntad política y claridad para interpretarlos sí y mucha, hasta ahora.

En un contexto democrático, se espera que las penas garanticen derechos y limiten el poder de quienes actúan en nombre del pueblo soberano. La mayoría de las constituciones latinoamericanas se inspiran en el señalado principio. Sin embargo, el contraste con la realidad presenta un completo desvío de lo que esas normas proponen.

Estoy convencida de que es un tema que va más allá del ámbito del Derecho y debe ser comprendido desde la perspectiva de la violencia estructural y la inequidad social. Si bien lograr cambios significativos en esa dirección será un camino largo y complicado, al menos en el corto plazo podemos esforzarnos por humanizar el castigo y dotarlo de racionalidad en la medida de lo posible.

Es esencial abordar este problema no por demagogia, sino porque la privación de la libertad ya representa un castigo suficiente. En una sociedad republicana como la que presumimos ser, degradar a una persona hasta el punto de vivir en condiciones indignas es una negación flagrante de la paz y la democracia.

Para redimensionar la finalidad de la pena en América Latina, debemos utilizar la rigurosidad científica para reconocer los límites de los modelos actuales y comprender el estrecho margen de acción que tienen las prisiones. Es fundamental diversificar las respuestas al delito desde una perspectiva eficaz, evitando una mera inflación del catálogo punitivo alternativo.

La prisión debe transformarse hacia una posición más realista y centrada en los Derechos Humanos. Es imperativo trabajar para reducir su efecto deteriorante y atender de manera eficiente las necesidades vitales de los reclusos, como acceso al agua, alimentación balanceada, abrigo, atención médica y psiquiátrica adecuada, visitas familiares, deporte, recreación, respeto al libre ejercicio de credo, comunicación y todos aquellos derechos consagrados en instrumentos internacionales, incluyendo el trabajo y la educación.

El abordaje tradicional del tema penal, que apuesta por nuevas criminalizaciones, eliminación o disminución de garantías procesales, autorización de abusos y potenciamiento del poder policial, ha implicado una renuncia a la libertad y un favorecimiento del control total de las actividades de las personas, lo cual resulta insostenible en el contexto de un Estado de Derecho.

La falta de reconocimiento de la saturación en las instituciones penitenciarias en toda la región, las cuales son reproductoras de la violencia social estructural y generadoras de graves violaciones de derechos humanos, impide un adecuado manejo de los programas de atención para facilitar la reintegración de las personas privadas de libertad a una vida en condiciones aceptables. Este debería ser el único objetivo admisible de la pena de privación de libertad.

2.- Algunas propuestas

En este contexto, deseo presentar algunas ideas que podrían fomentar nuevos enfoques en temas específicos, como: a.-La importancia de hacer pedagogía de cara a la sociedad, sobre la urgencia de modernizar el sistema penitenciario. b.- Las ventajas de impulsar otros mecanismos de sanción. c.- El papel de los medios de comunicación. d.- El acompañamiento post penitenciario.

A.- Hacer pedagogía frente a la sociedad

Uno de los principales desafíos radica en informar a la comunidad acerca de la posición de garante del Estado hacia las personas bajo su custodia. El Estado tiene la obligación reforzada de salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a servicios básicos para toda la población, en especial para aquellos que egresan de prisión, con el fin de impedir su retorno.

Es fundamental que la sociedad comprenda la complejidad multifactorial del delito y desarrolle empatía hacia los segmentos de la población que han sido marginados incluso antes de ingresar a prisión. Uno de nuestros desafíos es enfrentar la desinformación y la mala interpretación que han llevado a estigmatizar a quienes sufren privación de libertad. Esta población es percibida como "los otros", los "malos", a quienes se debe segregar y castigar.

Para revertir la situación en torno al sistema penitenciario y al sistema penal en general, es imprescindible que todos nos involucremos. Esto incluye a quienes tienen responsabilidad política en la toma de decisiones y también a la sociedad en su conjunto. No será suficiente con esfuerzos aislados; necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Para lograrlo, es necesario transmitir con claridad la angustia que genera el estado de las cárceles en la región y fomentar la solidaridad hacia esta población.

B.- Otros mecanismos de sanción

Ampliar el abanico de sanciones penales, garantizando su efectividad y eliminar las penas mínimas, son estrategias que sin duda permitirían reducir el encierro solo a los casos en que sea verdaderamente necesario, obligando a los tribunales a fundamentar y determinar de manera adecuada las sanciones penales.

Por lo tanto, resulta urgente que en el ámbito regional se discuta no solo sobre la inutilidad teórica de la prisión, sino también sobre las ventajas del uso de otras medidas sancionatorias basadas en el rendimiento penitenciario. Esta tarea aún está pendiente y debe involucrar a la academia de manera interdisciplinaria para abordar el fenómeno de forma más completa.

Lo fundamental sería en todo caso disminuir la aplicación de la pena privativa de libertad y no precisamente la construcción de nuevas cárceles, las que solo debieran ser utilizadas para renovar las existentes.

No se trata únicamente de crear un catálogo de penas alternativas, como el arresto domiciliario, trabajos de utilidad pública, conmutación de penas, tratamiento de drogas bajo supervisión restaurativa, monitoreo electrónico, sanciones socioeducativas, multas, entre otras; lo esencial es asegurar su efectiva aplicación, ya que, al menos en nuestro país, esta práctica es bastante limitada.

Un análisis profundo y objetivo de los datos de reincidencia de personas sometidas a penas alternativas mostraría, como ya se ha evidenciado en algunos estudios, que los niveles son sorprendentemente bajos.

C.- El papel de los medios de comunicación

En materia de seguridad, muchos políticos, utilizando los medios de comunicación, han arraigado en el imaginario popular la idea de que el derecho penal es la herramienta para resolver los grandes problemas de la criminalidad, principalmente mediante la privación de libertad.

Por un lado, los hechos relacionados con infracciones a las normas penales se presentan con un enfoque sensacionalista y estigmatizador, buscando apelar al castigo mediático en lugar de proporcionar información objetiva.

Por otro, las acciones que se orientan a favorecer procesos de inserción, medidas sustitutivas, aplicación de beneficios penitenciarios, herramientas positivas de motivación y habilidades para la vida en libertad, entre otras, son presentadas como actos de complicidad con el agresor, relegando a un segundo plano a la víctima y generando indignación en la sociedad.

El sesgo ideológico que favorece políticas populistas no considera la gravedad del impacto y rechazo que genera en la comunidad.

No debemos olvidar que, así como ingresan personas a la cárcel, también saldrán en algún momento. Es fundamental preguntarnos cómo queremos que egresen: ¿con posibilidades reales de reintegrarse a la sociedad de manera constructiva o como individuos llenos de odio y violencia hacia el mundo?

Como bien señaló Pablo Iglesias “El problema no es que los periódicos y las televisiones tengan ideología y traten de influir.  El problema es que mientan y manipulen”. (Medios y cloacas. Primera edición, setiembre 2022)

Debemos tener la claridad para transmitir que, en realidad, lo que ha ocurrido, como vale la pena reiterarlo, es que se ha venido utilizando la política penal como solución a problemas sociales.

¿Será utópico pedir que se haga de la comunicación un ejercicio democrático, irrefutable en su contenido, con la belleza que da a las frases el brillo de su claridad y su correspondencia con la verdad?

D.- El acompañamiento post penitenciario

Si llegamos a la conclusión de que la cárcel seguirá siendo una institución presente por mucho tiempo, es fundamental otorgarle una finalidad vinculada con la reintegración a la sociedad, de manera que podamos dotarla de cierta racionalidad, tal como hemos insistido.

Es necesario trabajar en un enfoque que dignifique a la persona y garantice sus derechos fundamentales, involucrando a las familias, comunidades y a la persona privada de libertad como sujeto de derechos y actor de su propio desarrollo.

A pesar de ello, la inclusión social de personas que egresan del sistema penitenciario ha sido históricamente una de las áreas de menor relevancia, de manera particular en momentos en los que, como hemos señalado, la privación de libertad se ha convertido en la principal respuesta del sistema penal, lo que, evidentemente ha tenido un fuerte impacto en la sobrepoblación y hacinamiento del sistema penitenciario.

Las instituciones estatales en su conjunto deben adoptar un enfoque coordinado, estructurado y sistemático de acciones para planificar el egreso y proporcionar un adecuado acompañamiento en libertad.

Asimismo, la empresa privada debe involucrarse como otro actor importante para generar opciones laborales tanto dentro como fuera de la prisión.

Es imprescindible contar con una entidad encargada de esta actividad, que coordine y articule los procesos de inserción desde el interior de las cárceles y sea responsable del seguimiento una vez en libertad.

El Estado no puede desentenderse de quienes abandonan la prisión, pues debe asegurar que se ha cumplido la finalidad de su encierro, que no puede ser otra que su inserción adecuada en el mundo libre.

Reflexión final

El camino hacia una justicia penal más humanizada y efectiva no es sencillo, pero debemos recordar que cada paso que damos en esta dirección impactará positivamente en la vida de miles de personas y en el bienestar de toda la sociedad.

Con determinación y conciencia de nuestra responsabilidad social, podremos construir un sistema carcelario que no violente tan grotescamente la dignidad humana, resguarde los derechos de todas las personas y promueva la verdadera paz y democracia que tanto anhelamos. Ha llegado el momento de actuar, ¿hasta cuándo permitiremos que la crisis carcelaria perdure sin una solución adecuada? La respuesta está en nuestras manos.