WALMART Y LA POLÍTICA CRIMINAL

WALMART Y LA POLÍTICA CRIMINAL

Roberto Madrigal Zamora

Cédula 1-723-460

El periódico La Nación del domingo 5 de octubre de 2014 (página 13A) reseña una entrevista a la señora Yolanda Fernández, vocera de la cadena de negocios Walmart, a propósito de la noticia difundida por ese mismo periódico ese mismo día de que juzgar hurtos en los que dicha empresa se ve perjudicada por artículos cuyo valor ronda los 5.000 colones le cuesta al estado costarricense un promedio de 7 millones de colones.

Del texto de dicha entrevista me interesa destacar tres afirmaciones hechas por la mencionada vocera cargadas de un alto contenido ideológico, aplicado el concepto “ideológico” en sentido marxista o sea como falsa representación de la realidad.

PRIMERA AFIRMACIÓN.  “Nosotros (Walmart) no establecimos la prisión...¿Cuánto es lo que se le determina de castigo?  Esto no tiene que ver con nosotros...”

Es absolutamente ficticio sostener que la legislación que se produce en un determinado contexto geográfico y en unas determinadas coordenadas temporales surge por obra de la generación espontánea, sin participación más o menos directa de quienes en definitiva ven reflejados en ella la representación o lo que consideran es la defensa de sus intereses.  Sólo renunciando al criterio de la imaginación sociológica podríamos pensar que existen algo así como valores absolutos que la razón pura de los legisladores detecta y cuya defensa plasman en la ley. 

Forma parte del abc de la reflexión sociológica el señalamiento de la existencia de un amplio espectro de grupos de poder en la sociedad actual que de múltiples maneras ejercen influencia sobre el cuerpo político para lograr la preeminencia de sus intereses, y sin duda de entre esos grupos de poder los que gozan de una mayor capacidad de palabra[1] lo son los grupos económicos.  Es así como con el posicionamiento que se logra a través de cámaras de empresarios y productores que hacen looby en la agencia legislativa, por medio del financiamiento de campañas políticas, con la ubicación dentro de los partidos políticos de personas surgidas de su seno, utilizando la presión que se puede generar a partir de las empresas de trasiego masivo de la información, con la capacidad instalada a la que pueden echar mano para redactar y presentar proyectos de ley, etc. los sectores empresariales del país están en posición inmejorable para determinar el rumbo de la legislación en general y en particular de la que se refiere al tema penal.

Baste pensar para acudir a un ejemplo reciente y de impresionante claridad: la legislación  dictada en protección de la propiedad intelectual surgida como complemento de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

Por si ese ejemplo no es convincente para evidenciar la injerencia de criterios económicos que responden a los intereses de las empresas que controlan la economía podemos encontrar otro todavía más reciente, el de las palabras del exdiputado Fabio Molina a propósito de la elección del magistrado que ocuparía la vacante dejada en el Poder Judicial por Luis Paulino Mora Mora con las que refirió que escogerían uno que fuera afín con un modelo de desarrollo que beneficiara el clima de negocios.

En este contexto sería ingenuo creer que en efecto un actor económico del poderío de una transnacional como es Walmart asiste de manos cruzadas a la elaboración de la legislación penal, cuyas reformas recientes[2] son las que permiten que hurtos como a los que se refiere la señora Oreamuno se vean penalizados con cárcel.  Ciertamente Walmart no construye las cárceles y todavía no las regenta para obtener un beneficio económico de esa agencia de sufrimiento, sin embargo el modelo político que le permite desarrollar sus negocios del modo que lo hace echa mano de la prisión para tutelar sus intereses en consonancia con lo que es un modelo económico diseñado a partir de las necesidades que empresas como esas hacen prevalecer a través de sus agentes.       

SEGUNDA AFIRMACIÓN.  “Tomar una decisión sobre una legislación que protege los bienes de nuestra empresa y tener que abrir un portillo que la ley no establece...Hay una legislación que está y la hacemos cumplir...”

Siguiendo la estrategia de hacer aparecer la posición de la transnacional a la que representa como aséptica y cumpliendo un papel casi que de abnegación en defensa de la ley que ya sido presentada como una formulación abstracta y revelada, se pretende invisibilizar que también forman parte de esa ley aquellos mecanismos por los que el entrevistador pregunta al hacer referencia a la posibilidad de aplicar una conciliación que permitiría que la persona que enfrenta la persecución penal no tenga que ir a la cárcel.

Es una mentira descarada decir que en caso de transar con la persona acusada la aplicación de una medida alterna al enjuiciamiento y eventual prisión se estaría abriendo un portillo que la ley no permite, cuando más bien se trata de la aplicación de una salida de composición claramente contenida en la legislación.

Desde la escogencia del lenguaje se nota la carga ideológica, en el contexto costarricense de discusión de la aplicación de la ley penal el término “portillo” no sólo denota la existencia de una abertura en la ley como respuesta adicional frente a un conflicto sino que connota la idea de una mella maliciosa de la que se valen matrafuleros y funámbulos de la ley.

TERCERA AFIRMACIÓN.  “Si usted no es delincuente y lo mandan 30 días a la cárcel usted no va a volver a delinquir.” 

Ya en este mismo espacio Sánchez Romero[3] ha preguntado por el respaldo fáctico de la afirmación de que el envío a prisión por treinta días evita la reincidencia, a este cuestionamiento quisiéramos sumar la denuncia del entuerto lógico pero sobre todo filosófico que encierra la afirmación ideológica de la vocera de Walmart haciendo ver -para estos efectos usamos el propio lenguaje connotado de aquella- que incluso desde el discurso oficial la cárcel es para los delincuentes, es decir, aquel que no es delincuente no debería ir a la cárcel.

Si la empresa Walmart -por boca de quienes personalizan sus intereses y se benefician de sus ganancias- quiere vender la idea de que actúan en bien de la colectividad encarnada  por sus clientes que se ven atemorizados por que alguien coge de un estante una lata de atún y la esconde entre sus ropas, y que son no más que unos vigilantes celosos de la ley tendría que reconocer que precisamente la aplicación de medidas alternas al encierro de los seres humanos que esa ley que jura defender permite, se basa en la idea de que quien no es delincuente no merece ingresar al ambiente criminógeno de la prisión.

Se desnuda la treta ideológica que nos quiere tender la vocera de la empresa al evidenciarse que hace un uso incoherente del propio discurso oficial que dice defender. Aunque prescindiéramos de todos los cuestionamientos sociológicos que se tienen que hacer a la selectividad del sistema penal y la inequidad de un modelo de desarrollo que es el que alimenta a aquel y aunque asumiéramos como válidos los parámetros señalados por doña Yolanda, lo coherente sería que se reconociera que una política de cero tolerancia como la que seguramente expresó con suficiente encono (esta es una especulación mía) como para que fuera escogida de título para la entrevista no refleja una posición ni humanista que defiende a la colectividad ni legalista por ser la única que la legislación permite; trátase simplemente de una decisión de naturaleza comercial en un sistema económico donde hoy con toda claridad sigue manteniéndose vigente el paradigma de la economía del castigo, categoría expuesta por Michel Foucault.

Finalizo identificando lo que al menos a mí me resulta una curiosa paradoja: mientras las empresas transnacionales han hecho retroceder al estado en la aplicación de la tutela jurisdiccional mediante el obligatorio recurso de acudir a los arbitrajes internacionales para la solución de sus disputas comerciales, por otro lado más bien reclaman una agresiva intervención de aquel en situaciones como las que ahora nos ocupan...una evidencia más -me parece a mí- del contenido ideológico de la posición de la cero tolerancia.