LAS INSTITUCIONALES PROCESALES Y MEDIADORAS DEL POSCONFLICTO: PROPUESTAS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN PUNTO DE LAS EXCOMBATIENTES DE LAS FARC-EP

INTRODUCCIÓN


Nataly Pinzón Romero

La historia colombiana ha estado imbuida de múltiples episodios de violencia generalizada y conflicto armado, de la mano de diversos actores armados, legales e ilegales. De ahí que, durante aproximadamente 33 años[1], se han gestado varios intentos y modalidades de acuerdos para la terminación los diversos escenarios bélicos. En el periodo comprendido entre 1990 a 2008, por ejemplo, hubo unos 15 intentos de pactos de paz para lograr principalmente el desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes de diversos grupos armados a la vida civil[2], todos ellos en tiempo de hostilidades, y unos con mayor éxito que otros.

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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL: EL CASO DE COSTA RICA

Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que: 

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REACCIONES EN AMERICA LATINA A ANUNCIO DE RETIRO DE ESTADOS UNIDOS DE ACUERDO DE PARIS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Ante el anuncio hecho por el Presidente Donald Trump de proceder a "retirar" a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático adoptado en diciembre del 2015, varios Estados de América Latina han reaccionado mediante comunicados de prensa. Se trata de documentos oficiales en los cuales los Estados de la región latinoamericana externan, cada uno a su manera, su preocupación al respecto. 

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA TERCERA QUE ESTIMA QUE EL NOTARIO PÚBLICO ES UN FUNCIONARIO PÚBLICO

VOTO No. 2017-008043 del 26 de mayo

"Se declara parcialmente inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que estima que el notario público es un funcionario público. Se mantiene la constitucionalidad de la línea jurisprudencial cuando se aplique a notarios públicos a quienes se les paga un salario en una entidad pública por desempeñar esa labor en calidad de funcionario público. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la pauta jurisprudencial impugnada, sin perjuicio de aquellas relaciones o situaciones jurídicas consolidadas por prescripción, caducidad, sentencia con autoridad de cosa juzgada material o la consumación de hechos material o técnicamente irreversibles y derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con el artículo 92 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en los casos de las personas que estén descontando una pena privativa de libertad por sentencia firme, la que se agravó  con base en la jurisprudencia de la Sala Tercera que se declara inconstitucional en esta sentencia, se les debe reducir su pena y en el supuesto de haberla cumplido por esta reducción, se ordena ponerlos en libertad, salvo que la ejecución de otra sentencia condenatoria firme o medida cautelar de prisión preventiva vigente lo impida. Hágase de conocimiento este pronunciamiento del Instituto Nacional de Criminología y de los jueces de ejecución de la pena para que procedan de conformidad. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese al Procurador General de la República y a todas las partes. Comuníquese a la Presidencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Garro Vargas ponen notas separadas. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran sin lugar el recurso.

CASO TIMOTEO MENDIETA: SEGUNDA EXHUMACIÓN ORDENADA

En días recientes se pudo leer en España que los familiares de Timoteo Mendieta Alcalá, un lider sindical fusilado en 1939 por las fuerzas franquistas, han procedido a una nueva exhumación en una fosa común situada en Guadalajara, en aras de recuperar los restos mortuarios de esta víctima del franquismo. Se lee en esta nota de prensa de El Pais (España) del pasado 10 de mayo del 2017 que: 

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OBLIGACIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE LA RATIFICACIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES

OBLIGACIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE LA RATIFICACIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Mario Peña Chacón[1]

A través de la suscripción y ratificación de acuerdos de libre comercio y promoción de inversiones, Costa Rica ha reconocido la importancia de contribuir globalmente con la protección del ambiente y consecuentemente, ha reafirmado sus compromisos y obligaciones establecidos en los acuerdos ambientales multilaterales de los que es Parte, confirmando su compromiso de implementar efectivamente su legislación ambiental y en la práctica, los acuerdos medioambientales multilaterales.

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2016. Derecho al día.